La educación inclusiva está garantizada en el ordenamiento jurídico español desde el 2008, estableciendo que todas las personas tienen derecho a educarse en el sistema general de educación sin discriminación. A la luz de esta realidad resulta necesario revisar las concepciones epistemológicas y las normas básicas de nuestro sistema educativo, así como el modelo actual de atención a la diversidad para luchar contra todas las situaciones de segregación.
