La presente reflexión parte de la convicción de que las administraciones públicas deben garantizar a la ciudadanía una calidad de vida óptima, especialmente a los colectivos más frágiles, como la infancia y la adolescencia. Los derechos de la infancia no pueden reivindicarse separadamente de los derechos de la familia o de aquellos que la suplen por determinadas circunstancias.
Una sociedad tan cambiante como la nuestra, debe revisar y adecuar permanentemente su política social. Esto requiere una fundamentación basada en la detección de las necesidades existentes y de las emergente…
