El coste de la educación infantil para las familias puede rondar los 315 euros mensuales en concepto de escolarización, comedor y acogida matinal, cifra inalcanzable para algunas parejas jóvenes aunque los dos trabajen, dada la precariedad de los sueldos. En este escenario, cabe la posibilidad de que en algunas escuelas 0-3 de titularidad pública, aun habiendo plazas libres, expulsen o impidan el acceso a las criaturas porque sus padres no pueden pagar. ¿Es razonable? ¿Es legal?
